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Las asociaciones del sector energético han expresado su desacuerdo con el proyecto de Ley que la Xunta de Galicia está a punto de aprobar, y que introduce nuevas normativas para los sectores eólico e hidráulico. Según las organizaciones firmantes, estas medidas podrían ralentizar el desarrollo renovable, incrementar la litigiosidad y generar inseguridad jurídica, con efectos negativos tanto para Galicia como para España.
El proyecto de Ley incluye dos disposiciones principales:
Las asociaciones sostienen que estas medidas generan incertidumbre en el sector y perjudican la competitividad. Sobre el cierre de parques, recalcan que muchos parques eólicos superan los 25 años de vida útil con garantías de seguridad y eficiencia mejorada gracias a inversiones realizadas durante su operación. Además, consideran que forzar su clausura por mandato administrativo es una práctica antieconómica, retroactiva y distorsionadora del mercado.
En cuanto a la obligatoriedad de vender parte de la energía dentro de Galicia, las asociaciones denuncian que esta disposición va en contra del libre mercado y vulnera principios constitucionales, como la unidad de mercado en España y el mercado único europeo.
La inseguridad jurídica es un problema recurrente en el sector eólico gallego. Según las asociaciones, medidas como estas reducen aún más la confianza de los inversores en la región, que ya enfrenta retrasos en proyectos por suspensiones administrativas.
“Obligar a las empresas a vender en una región para poder operar en ella contradice los fundamentos de la competencia y la prosperidad del país", advierten las asociaciones, que insisten en la necesidad de un mercado nacional dinámico y sin barreras internas.
El comunicado subraya la importancia de la transición energética para España, tanto desde el punto de vista ambiental como competitivo. “El sector eléctrico ha demostrado su compromiso con este proceso, respetando las preocupaciones sociales y ambientales", señalan, pero advierten que las medidas propuestas representan un paso atrás en este esfuerzo nacional.
“Estas normativas aumentarán la incertidumbre y la litigiosidad, ralentizando el desarrollo renovable en Galicia y España", concluyen las asociaciones.
