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La Comisión Europea obligará a que todas las viviendas tengan un certificado de eficiencia energética E en enero de 2030 y D —o mejor— en enero de 2033. "Esta exigencia de Bruselas se incluye en los Estándares Mínimos de Eficiencia Energética (MEPS, en sus siglas en inglés), hitos temporales intermedios que deben fijar los Estados miembros para alcanzar el objetivo de que el 100% de los edificios sean cero emisiones en 2050", informan desde GBCe.
Estos MEPS, que se incluyen en la nueva Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación (EPBD, por sus siglas en inglés) —que se prevé que esté aprobada entre finales de 2023 y 2024—, plantean un gran reto a un entorno construido como el español, en el que más del 80% de los edificios y viviendas reciben una calificación energética E, F o G o, lo que es lo mismo, "ineficientes", según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Este porcentaje se sitúa por encima del 82% en las regiones españolas con el porcentaje más alto de edificios muy poco eficientes, que son el País Vasco (86,52%); Canarias (85,48%); Baleares (84,89%); Murcia (83,84%); Valencia (83,08%) y Cantabria (82,25%). “Esto se debe a que el parque edificado español está muy envejecido, ya que más de la mitad fue construido antes de 1980, cuando aún no había entrado en vigor el Código Técnico de la Edificación que obliga a los constructores a cumplir unos mínimos de eficiencia”, destaca Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe).
Los MEPS prevén también que todos los edificios reciban una calificación energética A o B desde 2040, “exigencia” que a juicio de Huerta “es lógica, ya que todos los edificios deben tener un certificado de eficiencia energética A en 2050 o, lo que es lo mismo, deben ser cero emisiones”.
Por su parte, los MEPS plantean para los edificios no residenciales que en enero de 2030 se rehabilite el 15% peor del parque construido y en enero de 2034 el 10% siguiente. Esto equivale al 25% peor del parque.
Además, el futuro Plan Nacional de Rehabilitación de la Edificación exige a España —y a los demás Estados miembros— que defina por escrito qué es el edificio de cero emisiones, lo que es importante porque es hacia este objetivo hacia donde se dirige todo el parque edificado de cara a 2050. “La EPBD se dirige a los Estados miembros para que garanticen que están evolucionando hacia la eficiencia energética en el parque edificado”, explica Huerta.
En este sentido, los Estados miembros pueden imponer obligaciones a los particulares a través de los “desencadenantes”, que se adaptan a las características del parque edificado de cada país en cuanto a la tipología y a la forma de la estructura de la propiedad.
La EPBD incluye también el Pasaporte de Renovación de Edificios, que será obligatorio desde finales de 2025: “La directiva nos adelanta que es una hoja de ruta para planificar la rehabilitación energética del edificio en varias etapas, lo que se parece a lo que ya hace la certificación de eficiencia energética en España y el Libro del Edificio Existente”, afirma Huerta.
Asimismo, se introduce el indicador de calentamiento global de un edificio, que sería obligatorio desde enero de 2027 para edificios grandes y en 2030 para todos los edificios: "Indica el carbono embebido en todo el ciclo de vida del edificio”, resalta la directora general de GBCe.
