Con motivo del Día Mundial del Clima, que se celebra este sábado 26 de marzo, la directora general de GBCe, Dolores Huerta, ha resaltado que el vertiginoso avance del calentamiento global y su impacto a corto plazo sobre la vida del ser humano convierten a la descarbonización en la urgencia número uno de nuestra sociedad.

En este sentido, Huerta ha destacado que “el sector de la edificación es responsable en España del 30,1% del consumo de energía final y el 25,1% de las emisiones de carbono a la atmósfera”. Tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto Building Life, el 8,2% de esas emisiones están directamente asociadas al consumo de combustible en el sector residencial, comercial e institucional.

“Hay 26 millones de viviendas construidas antes de 2007 en España y la mitad del parque se construyó antes de 1980 sin normativa de eficiencia energética”, ha explicado la directora general de GBCe, quien ha recordado que España necesita multiplicar por diez su ritmo anual de rehabilitación de viviendas para cumplir su compromiso de cero emisiones en 2050. “Una rehabilitación en profundidad, además de mejorar el comportamiento energético, facilita la adaptación del edificio a un escenario climático que, con toda certeza, va a ser más severo que el que hasta ahora ha sido considerado habitual”, ha asegurado Huerta.

En este contexto, en el que ocho de cada diez viviendas cuentan con una certificación energética E, F o G, España necesitaría invertir 40.000 millones de euros en la próxima década para acabar con la ineficiencia de su envejecido parque edificado, según Greenward Partners.

Responsabilidad global

“La descarbonización en todo el ciclo de vida de los edificios es el único camino que tiene un sector tan importante como el de la edificación para responder a los retos y a las demandas del futuro”, defiende Huerta. En este punto, cobran especial relevancia las acciones encaminadas a reducir la demanda energética o el incremento de las energías renovables: “La eficiencia energética de los edificios es una fuente muy poderosa de energía sostenible”, afirma la directora general de GBCe.

La Ley Europea del Clima blinda el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 55% para 2030. En la práctica, esto se traduce en la incorporación de los Estándares Mínimos de Comportamiento Energético —MEPS por sus siglas en inglés— a partir de 2027, lo que marca por vez primera vez una fecha a partir de la que no se podrán vender, comprar o alquilar edificios y viviendas con una mala certificación energética.

“Europa está mandando un mensaje muy claro a toda la sociedad: la responsabilidad de reducir las emisiones de CO2 recae sobre todos”, reflexiona Huerta. Con esta medida, los edificios públicos deberán contar con la calificación energética F para 2027 y E a partir de 2030 y los edificios residenciales, casas y apartamentos deberán contar al menos con la calificación energética F a partir de enero de 2030 y la letra E desde 2033.

No obstante, la directora general de GBCe argumenta que estas medidas pueden convertirse en una magnífica oportunidad si se acompañan del apoyo necesario para que los ciudadanos planifiquen la intervención en sus viviendas: “La transformación solo será posible si cumplimos con la máxima de no dejar a nadie atrás”, considera Huerta.