“Garantizar el buen estado de los edificios es el factor fundamental para combatir la pobreza energética y, tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto #BuildingLife, la solución más efectiva y estructural a largo plazo es la rehabilitación”, ha declarado Dolores Huerta, directora general de GBCe. En este sentido, destaca cuatro líneas de actuación contra la pobreza energética: el Bono Social; el apoyo a las asociaciones especializadas; la soberanía energética y el autoconsumo compartido; y la inversión pública en rehabilitación para hogares vulnerables. 

Tal y como se recoge en la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (Eresee), en su última actualización de 2020, de los 17,5 millones de hogares en España de los que se disponen datos relacionados con la renta y el gasto de energía doméstica en la actualidad, un 25% se encuentra en situación de Pobreza Energética o monetaria, un 7% sufre ambas —Pobreza Energética y Monetaria— y un 11% se encuentra en situación de Pobreza Energética Escondida debido a las condiciones de las edificaciones y la ausencia de instalaciones apropiadas y eficientes.

Necesidades básicas no satisfechas

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, esta se define como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.

“Este fenómeno puede manifestarse en los ciudadanos a través de distintos hechos como la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar; el retraso en el pago de las facturas; un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos que es desproporcionado sobre el nivel de ingresos”, ha explicado Huerta.

De ese 25% de hogares en Pobreza Energética o monetaria, el 62% de los casos se dan en zonas urbanas y más del 60% aparecen en viviendas colectivas. Esto implica que la toma de decisiones sobre la realización de obras es más habitual como un proceso colectivo, en el que deben ponerse de acuerdo los diferentes propietarios del inmueble, con sus propias circunstancias económicas. Según explica Huerta, esto hace que la rehabilitación sea más compleja en España, lo que condiciona la solicitud y concesión de ayudas públicas para la rehabilitación de edificios de viviendas colectivas, o la de los préstamos, pues estas comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia. 

“La ERESEE recoge una encuesta de la que se desprende la baja disposición de las comunidades de vecinos a acometer obras en los elementos comunes del edificio”, ha matizado Huerta. Según la dirigente de GBCe, estos datos muestran “la necesidad de impulsar la cultura del mantenimiento y la conservación”, incidiendo no sólo en la rentabilidad económica de la rehabilitación energética, sino también en el confort, la mejora de la salud y la calidad de vida, la revalorización de los inmuebles o el aislamiento contra los ruidos.