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APPA asegura que la medida de la minoración de retribución que recoge el Real Decreto-ley 17/2021 publicado en el Boletín Oficial del Estado implica, con su redacción actual, un efecto retroactivo implícito sobre cientos de instalaciones renovables que, a partir de mañana, afectará gravemente a su viabilidad. El impacto que la norma tendrá sobre numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos con coberturas de precios y contratos de compra venta de energía (PPAs) hará que los propietarios o las contrapartes del contrato pierdan dinero con cada MWh inyectado en la red.
"En un caso típico, las instalaciones renovables afectadas tendrán que vender a pérdidas (por minoraciones que pueden superar los 100 €/MWh), lo que podría llevar a los propietarios a tomar la decisión de paralizar temporalmente su actividad o denunciar los contratos, algo que podría incrementar aún más el precio del pool", afirman.
En un entorno de precios del gas y del CO2 disparados, el mercado eléctrico está rompiendo récords de forma ininterrumpida. La comparación con el año precedente, demagógica al ser uno de los años con precios más bajos en el pool, dicen, ha causado una comprensible preocupación en la ciudadanía. Sin embargo, una de las medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros y que ha sido publicada en el BOE dentro del Real Decreto-ley 17/2021 podría provocar graves perjuicios tanto al sector renovable como a la economía nacional. Por ello, desde APPA Renovables se reclama la modificación de la norma, algo que podría realizarse si se tramitase como Proyecto de Ley en las cortes, en vez de ser ratificado directamente.
Los distintos Gobiernos de la última década, y el último en particular, han animado al sector renovable a evolucionar desde el sistema de retribución regulado a una comercialización directa de los proyectos a mercado o mediante la firma de contratos PPAs físicos o financieros. "La competitividad de las tecnologías ha animado a ello, especialmente en eólica y fotovoltaica". Sin embargo, aunque las plantas acuden a mercado con toda su producción, es práctica habitual contratar coberturas de precios y establecer contratos de compraventa de energía (PPAs físicos o financieros). Precisamente esta electricidad negociada a plazo (en el entorno de los 40-50 €/MWh para este año) es la que permite a las comercializadoras ofrecer a sus clientes domésticos e industriales en el mercado libre, fuera del PVPC, precios controlados y no sujetos a la volatilidad del mercado mayorista.
