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La rentabilidad razonable de las instalaciones renovables, fijada mediante un nuevo RDL, contribuye a eliminar la incertidumbre regulatoria de los proyectos existentes. El Gobierno ha dado los pasos necesarios para que las Cortes puedan convalidar una ley que fija con claridad la rentabilidad de las plantas existentes durante los próximos doce años y proporciona visibilidad de la futura retribución para las nuevas instalaciones.
A falta de la futura convalidación por parte de las Cortes, la aprobación del Consejo de Ministros del Real Decreto-ley, que fija la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables, es un paso para eliminar la incertidumbre regulatoria que se ceñía sobre el sector renovable.
Los sucesivos recortes a estas energías, que, tras la reforma del sector, supusieron una reducción de la retribución del orden del 30% a las instalaciones, provocaron un aluvión de demandas contra el Gobierno. En las cortes de arbitraje internacionales, el país ha recibido diversas condenas al amparar a los inversores extranjeros la Carta de la Energía, algo que no sucede para los nacionales.
La nueva norma trata de devolver al sector la estabilidad, al evitar el vacío legal que se hubiera producido con el fin del período regulatorio. Al fijarse la tasa de rentabilidad razonable para los próximos doce años se proporciona certidumbre a las inversiones y se da visibilidad a los ingresos futuros.
El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima cifraba en más de 57 GW la nueva potencia renovable a instalar y en más de 101.600 millones de euros las inversiones necesarias, que deberán ser efectuadas, en más del 80%, por parte de las empresas del sector.
“Es necesario que todos los grupos políticos apoyen la vuelta a la racionalidad en un sector fundamental para la creación de industria nacional y empleo de calidad como es el sector renovable. Este está llamado a ser el protagonista de nuestro modelo energético”, ha concluido el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig.