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Según datos de Afelma (Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes), un repaso a las políticas de eficiencia, entendidas en sentido amplio, muestra los riesgos de que España no converja con los objetivos europeos, señalados en diversas normas comunitarias, no mejore todo lo posible en su calidad edificatoria y, por tanto, en calidad de vida.
El proyecto de actualización del DB-HE debería ser concordante con el de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los edificios para cumplir los dos aspectos fundamentales: hacer que la energía requerida sea casi nula y que la muy pequeña cantidad solicitada deba cubrirse mayoritariamente con renovable.
La propuesta actual no está en línea con la Directiva Europea, y tampoco sigue la recomendación de que las renovables cubran en amplia medida los requerimientos de energía casi nulos. Las consecuencias se notarán en el mercado, ya que desplaza el objetivo principal de eficiencia energética.
Tanto en relación con el parque existente, como respecto a la nueva construcción, es menos de lo que exigen las circunstancias, desde el punto de vista de la dependencia energética y sus secuelas en la balanza comercial. Tampoco cumple con la necesidad de reducir los Gases de Efecto Invernadero, que en 2018 se situaron en 332,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, un 15,4% por encima del nivel de emisiones de 1990.
La norma térmica española muestra un severo desfase con la de otros países de la UE. De hecho, aunque el actual CTE supuso un importante avance sobre la norma del 79, registraba diferencias notables con otros países.
La rehabilitación evidencia cifras muy exiguas, con exigencias térmicas y de calidad escasas. Desde 2013 a 2018 se han rehabilitado 149.000 viviendas, a una medida de apenas 25.000 viviendas/año. En los cinco primeros meses de 2019 estas se aproximan a 12.500.
En este sentido, los datos ponen de manifiesto la necesidad de que el sector público y privado cooperen para definir planes que estimulen la actividad y el empleo con políticas públicas adecuadas y créditos a bajo interés. Según Afelma “es necesario habilitar ayudas plurianuales para afrontar la rehabilitación energética equivalente a 350.000 viviendas al año, con lo que se ahorrarían 36 millones de TEP y 130 millones de toneladas de CO2 en su vida útil, con el consiguiente descenso en la factura energética nacional y de los ciudadanos”.
