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Se reduce un -1% con respecto al 2017 y un -99% en relación a las cifras de hace diez años, representando únicamente 97 millones de euros.
La actividad concesional continúa en mínimos históricos y vuelve a caer en 2018, según datos del Informe Estadístico Construcción e Infraestructuras 2018-2019 de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.
En este sentido, la licitación pública de concesiones alcanza tan solo los 97 millones de euros (M€) en 2018, lo que supone un descenso del -1% en relación al año anterior, muy alejado de los 10.300 M€ de 2010 (-99%).
Por su parte, la licitación pública de obra civil crece este año un +34%, hasta los 11.203 M€, impulsada por el Ministerio de Fomento, y la contratación pública lo hace en un 40%, hasta alcanzar los 7.131 M€, aunque, en ambos casos, estas cifras representan la mitad del volumen de 2007 y continúan en niveles próximos a los mínimos históricos.
Con respecto a la licitación pública de edificación, crece también un +19% hasta 5.560 M€ promovida por las infraestructuras de equipamiento social.
En relación a la contratación pública, el incremento ha venido motivado por el avance del Estado - Ministerio de Fomento - hasta los 2.200 M€ (+46%) y de las Administraciones Locales (AALL) hasta los 2.500 M€ (+59%). Las Comunidades Autónomas (CCAA) han subido hasta los 2.400 M€ (+20%). En 2018, las bajas se han moderado generalizadamente, aunque, en el ámbito del Estado, siguen alcanzando niveles cercanos al 30%.
En el informe, se analizan los efectos de la consolidación fiscal en lo relativo a la reducción del déficit público, poniendo de manifiesto que este proceso se ha centrado, fundamentalmente, en la reducción de la inversión pública hasta situarse en los niveles actuales de mínimos históricos y se detalla cómo las prioridades de gasto social condicionan cada vez más la inversión pública (en 2018, las partidas de protección social, salud y educación, totalizaron 321.130 M€, representando el 64,3% del gasto público total).
Esta situación ampliará la brecha inversora con las cuatro mayores economías europeas, ya que, en el periodo 2019/2020, España invertirá un 63% menos que las mismas (50.863 M€). Actualmente, en infraestructuras de salud, nuestro país invierte por habitante (hab.) un 20% menos que la media (52 vs 65 €/hab.) en infraestructuras de educación un 62% menos (34 vs 89 €/hab.), en infraestructuras de protección del medio ambiente, un 45% menos (24 vs 44 €/hab.) y en infraestructuras de transporte, un 40% menos (124 vs 206 €/hab.).
En dicho periodo, España obtiene además el menor ratio de inversión pública por habitante de toda Europa (1.152 €/km2 por millón de habitantes) y consolida la mayor caída de inversión pública (el -29%, respecto del periodo 1995-2018).
Según se explica en el documento, la actividad concesional (colaboración público – privada) ausente desde el año 2012 y aún en caída en 2018 (-1%), es la alternativa al presupuesto público para cumplir los objetivos de inversión que tiene España. "Es imprescindible recuperar la colaboración público-privada como modelo de financiación extrapresupuestaria para resolver el déficit inversor, ya que las prioridades de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago de sus intereses no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión de infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos", señala Julián Núñez, Presidente de SEOPAN.
