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La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA considera fundamental que la futura Ley de Transición Energética establezca un marco regulatorio "estable y predecible", que contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables pasadas y futuras. "Para que no se vuelquen todos los objetivos en el sector eléctrico, es necesario abordar los sectores difusos, estableciendo objetivos vinculantes, ambiciosos y alcanzables en climatización y transporte", dicen.
APPA Renovables considera fundamental que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética consiga "el máximo consenso político, empresarial y ciudadano para que la Ley sea asumida por todos los actores. La Ley deberá establecer un marco regulatorio estable y predecible, que garantice que no se repetirán errores del pasado y cambios legislativos retroactivos".
Con esta voluntad de establecer escenarios previsibles, se solicita desde el sector renovable una planificación energética vinculante, que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones.
La generación eléctrica renovable ha asumido hasta el momento gran parte de los objetivos marcados por la Unión Europea. Para APPA Renovables, las renovables eléctricas seguirán siendo una parte importante de la solución, tanto durante la instalación de la potencia otorgada en las recientes subastas como en la próxima década; "pero no puede recaer sobre estas tecnologías todo el peso del cumplimiento de los objetivos", dicen.
Para la Asociación, una Ley que trata de evitar o adaptarse a los efectos que provocará el cambio climático "debe introducir una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes, causantes del problema, y beneficie a la generación renovable". Hasta el momento, la fiscalidad medioambiental ha recaído en mayor parte sobre las tecnologías renovables con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la Transición Energética.
En palabras del director general de APPA Renovables, José María González Moya, “las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes”. Según González Moya “si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados”.
Por último, la Asociación ha resaltado la necesidad de que la Ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas Comunidades Autónomas.
