por DPArquitectura 27 de febrero, 2017
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Los datos publicados por Ascer, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, durante Cevisama, revelan un crecimiento del 7,1% en la facturación total de la industria, alcanzando los 3.316 millones de euros durante 2016. “Nuestra industria es uno de los sectores más competitivos de España, por lo que nos sentimos legitimados para reivindicar una serie de políticas”, declaró Isidro Zarzoso, presidente de Ascer.

Durante la rueda de prensa llevada a cabo durante el salón internacional de la cerámica, Tile of Spain también mostró un “crecimiento moderado” de las exportaciones durante el pasado curso. Las ventas exteriores alcanzaron los 2.570 millones de euros, un 4,8% más que 2015, siendo Francia, con una “positiva evolución” del 10%, Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí y Argelia los principales compradores del sector.

Tal y como explicó Ascer, “el mercado norteamericano sigue evolucionando favorablemente con un crecimiento del 27% y se afianza en la segunda posición del ranking de destinos de Tile of Spain”. Marcan la nota negativa Europa del Este, con un descenso del 7,1%, y América del Sur, con 9,1% de pérdida de ventas.

Respecto al mercado nacional, las ventas superaron en un 16% las de 2015, alcanzando los 746 millones de euros y suponiendo un 22% de la facturación anual del sector. Así, España se convierte en el primer productor y exportador de la Unión Europea.

Es por ello que Ascer demanda políticas de impulso de reforma a las administraciones. En palabras de Isidro Zarzoso, presidente de la asociación de fabricantes, el sector está “legitimado” para pedir una serie de reformas que impulsen la rehabilitación de viviendas y edificios. “El iniciado en la Comunidad Valenciana –refiriéndose a las reformas legislativas llevadas a cabo– es un primer paso, pero este tipo de medidas se deberían generalizar a nivel nacional" apuntó en este sentido.

Los subida de los costes energéticos es otra materia que preocupa a la industria, que supone “la vulnerabilidad de los consumidores y la necesidad de que España cuente con un marco regulatorio estable, predecible y que recoja exclusivamente aquellos costes relacionados con la energía”, concluyó.

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